Wolmaviel · Políticas para compras en España
RGPD
Bases jurídicas, derechos, respuesta, transferencias y autoridad de control.
Última actualización: 14 de julio de 2026
Índice de políticas
08 — Protección de datos en la UE
RGPD
Bases jurídicas, derechos, respuesta, transferencias y autoridad de control.
1. Aplicación
El tratamiento de datos de usuarios en España se somete al Reglamento (UE) 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018 y demás normativa aplicable. Esta sección complementa la Política De Privacidad.
2. Bases jurídicas
- Ejecución contractual: pedido, pago, entrega, devolución, garantía y atención solicitada.
- Consentimiento expreso: boletines, marketing y cookies opcionales.
- Obligación legal: fiscalidad, contabilidad, consumo, seguridad y requerimientos oficiales.
- Interés legítimo: prevenir fraude, mantener la seguridad, defender reclamaciones y mejorar funciones básicas, tras ponderar derechos.
3. Derechos
Puede ejercer acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición, retirada del consentimiento y los derechos relativos a decisiones automatizadas cuando proceda.
4. Procedimiento y plazo
Envíe la solicitud con el asunto “Derechos RGPD” a client@wolmaviel.com. Puede solicitarse información razonable para verificar identidad. La respuesta se facilita sin dilación indebida y, normalmente, dentro de un mes; en casos complejos el plazo puede ampliarse conforme al RGPD, informando al solicitante.
5. Retirada del consentimiento
El consentimiento puede retirarse para el futuro desde el enlace de baja, el panel de cookies o el correo de contacto. La retirada no afecta a tratamientos anteriores ni a datos que deban conservarse por otra base jurídica.
6. Transferencias y encargados
Cuando proveedores situados fuera del Espacio Económico Europeo traten datos, se utilizarán garantías reconocidas cuando sean exigibles. Los proveedores reciben únicamente la información necesaria para su función y quedan sujetos a obligaciones de protección y confidencialidad.
7. Reclamación
El usuario puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, sin perjuicio de otros recursos administrativos o judiciales.